Natural gas transport infrastructure of the kind that requires CRE and ASEA permits in Mexico

Retos que enfrentan los desarrolladores de gas

El retraso en los permisos es un problema del comprador, no solo del desarrollador

Las instalaciones industriales en México que buscan gas natural a un menor costo entregado suelen descubrir que la restricción no es la molécula. Es un permiso. Una planta que necesita un ramal nuevo, una interconexión o almacenamiento en sitio le está pidiendo a un desarrollador privado que complete una secuencia federal de permisos que pasa por la CRE, la ASEA y la SENER, y esa secuencia fija la fecha más temprana en que la planta puede cambiar la economía de su combustible.

El resultado es que los plazos de permisos de gas pertenecen a un plan de capital, no a un resumen regulatorio. Si la respuesta a cuándo puede este sitio contar con gas en firme es de tres años, la decisión que tiene enfrente el director de finanzas es qué hacer durante esos tres años, y esa es una pregunta distinta de si conviene construir el proyecto.

A nuestro juicio, el planteamiento más útil para un comprador industrial trata el proceso de permisos como un riesgo de calendario que se acepta, se transfiere a un desarrollador o se rodea contratando capacidad en un sistema que ya existe.

Qué contiene en realidad la secuencia de permisos

Las empresas privadas que construyen infraestructura de transporte o de almacenamiento de gas natural requieren autorizaciones a nivel federal y local, y las federales son las que fijan el calendario.

  • CRE, la Comisión Reguladora de Energía, otorga el permiso de transporte, almacenamiento o distribución y aprueba la tarifa y los términos y condiciones del servicio. Conforme al Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (DOF, 31 de octubre de 2014), esos permisos tienen una vigencia de hasta treinta años a partir de su otorgamiento (artículo 11), el servicio está sujeto a acceso abierto en condiciones que no sean indebidamente discriminatorias (artículo 10) y la capacidad disponible se asigna mediante una temporada abierta conducida bajo los términos y condiciones aprobados (artículo 74).
  • ASEA, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, autoriza la parte de seguridad industrial y de protección al medio ambiente. La ASEA es un órgano desconcentrado de la SEMARNAT y su ámbito es el sector de hidrocarburos.
  • SENER recibe la evaluación de impacto social sobre las comunidades afectadas por el trazo o por el sitio, la cual debería completarse antes de que concluya el proceso de autorización del permiso.
  • Derechos sobre la tierra. El desarrollador debe contar con los derechos inmobiliarios sobre la totalidad del trazo o de la superficie antes de iniciar obra, lo que en la práctica implica negociar con ejidos y con propietarios privados predio por predio.

Para un proyecto que pretende conectarse al SISTRANGAS, el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado operado por el CENAGAS, hay un paso adicional. Deben aprobarse tanto los términos y condiciones generales del servicio como la incorporación de las tarifas del nuevo activo a la tarifa del sistema. El CENAGAS es el gestor y operador independiente del SISTRANGAS y quien asigna la capacidad en él. La CRE es el regulador que aprueba cuánto cuesta el servicio. Identificar a la contraparte correcta para cada pregunta ahorra meses.

Dónde aterriza el riesgo de calendario en el estado de resultados

Una planta que espera nueva infraestructura de gas no está detenida. Cada mes paga la diferencia entre el combustible que tiene y el que quiere, más el sobreprecio que cobre el servicio interrumpible en una semana de frío. Tres renglones lo hacen concreto:

  • El diferencial de combustible. El gas natural entregado frente al diésel, el gas LP o el combustóleo que el sitio quema hoy, convertidos a una base calorífica común en USD por MMBtu y multiplicados por el consumo anual. El Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo de la CRE ofrece una referencia mayorista mensual publicada en USD por MMBtu para anclar el lado del gas.
  • El costo de la interrupción. El combustible de reemplazo más el margen bruto de las horas de producción que el sitio no puede cubrir si el servicio se restringe. Eso es lo que vale el transporte en firme, y es la cifra que la mayoría de las plantas nunca ha calculado.
  • El costo de esperar. El diferencial de combustible multiplicado por el número de meses que agrega la secuencia de permisos. Solo a manera de ilustración, un retraso de dos años en un proyecto que vale USD 1.5 millones al año en ahorros de combustible cuesta USD 3 millones en ahorros no obtenidos, antes de que algo salga mal. La cifra depende por completo del consumo del sitio y de su propio diferencial de combustible.

Esos tres renglones convierten un tema regulatorio en una partida presupuestal. También suelen cambiar la respuesta. Un sitio que ya cuantificó su costo de esperar con frecuencia encuentra que contratar capacidad en un sistema existente a una tarifa peor le conviene más que esperar una mejor.

La decisión que realmente enfrenta un comprador industrial

Hay tres rutas y sus ventajas y desventajas no son simétricas.

Contratar capacidad en una temporada abierta sobre un sistema existente es la ruta más rápida y no implica exposición a permisos, pero depende por completo de que se ofrezca capacidad donde está su planta. Contratar a un desarrollador para que construya y sea titular del permiso transfiere el riesgo de calendario y de permisos a una contraparte, al costo de una tarifa que tiene que remunerar ese riesgo, y con el balance del desarrollador como su protección si el calendario se recorre. Construir y tramitar el permiso del activo por cuenta propia da el menor costo unitario de largo plazo y control total, y convierte a su empresa en permisionario, con obligaciones de reporte ante la CRE, cumplimiento en materia de seguridad ante la ASEA y deberes de acceso abierto frente a terceros. La mayoría de las empresas industriales subestima esa última consecuencia.

La decisión relacionada del lado eléctrico es si la exposición al gas debería cubrirse mediante almacenamiento de gas en sitio o contratado, y qué tan expuesto está el propio suministro eléctrico del sitio al gas importado dentro de la mezcla de despacho.

Qué podría cambiar el panorama

Los permisos se han vuelto más lentos y menos predecibles conforme ha cambiado la política energética federal, y una empresa que se apoya en un calendario de tres años debería probar qué le hace al caso de inversión un calendario de cinco años. Del otro lado, la demanda de gas de la industria mexicana no se ha movido y el marco de acceso abierto y de tarifas del Reglamento sigue vigente. La presión de la política pública cambia la velocidad con que avanzan los permisos. Hasta ahora no ha cambiado las reglas conforme a las cuales se otorga un permiso. Planee con base en el calendario, no en la norma.

Ponga a prueba el calendario antes de comprometer el capital

Mexico Energy Partners revisa las opciones de suministro de gas para sitios industriales, incluida la ruta de permisos que requiere un proyecto, cómo se ve un calendario realista y cuál es el costo de esperar frente al combustible actual del sitio. Una revisión inicial requiere doce meses de facturación de combustibles y de energía eléctrica, el perfil horario de consumo del sitio, y la ubicación y la tensión o presión de la conexión de servicio existente. El trabajo relacionado se describe en asesoría regulatoria y de política pública y abastecimiento de energía.

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